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Tribuna Política

El 19 de septiembre del 2017, debe ser un parteaguas en la reconstrucción del sistema político mexicano, porque su pueblo demostró que puede cambiar las cosas cuando se decide, como conseguir que se destinen los fondos asignados a partidos políticos para la reconstrucción.
La participación ciudadana y su exigencia de destinar esos fondos a una mejor causa, claro que prendió los focos rojos, había que salir al paso a algo que amenazaba con convertirse en un fuerte movimiento social, que iba a capitalizar AMLO.
Al “renunciar” los partidos al financiamiento público, lo único cierto es que dejarían de ser una carga para el erario; sólo con lo que percibirían el próximo año, se tendría casi la mitad de lo que se necesita para la reconstrucción.
Con esto, la democracia en México, tendrá que ser fortalecida con nuevas leyes para controlar el dinero que llegue a los partidos políticos.
Quitarles el financiamiento público no significa que habrá mejores partidos, claro que no, porque nuestra democracia está cimentada en el dinero, lo que convierte a los partidos en una franquicia qué significa utilidades para sus “dueños” o en éste caso sus dirigentes.
En México el dinero es lo que determina el triunfo electoral, porque los candidatos son convertidos en un “producto” que le venden al electorado a través de la propaganda electoral y todo lo que envuelve una campaña proselitista, que lo último en lo que se basa es en el candidato, su capacidad, y sus propuestas.

LA FALTA DE COMPROMISO
Las campañas persiguen la compra del voto, por eso celebran “arreglos” con los dueños del dinero; y quien asume el poder llega precedido de un fraude, corrupción y un compromiso con sus patrocinadores.
Actualmente los candidatos son patrocinados y se crean compromisos, por eso no tiene razón de ser un financiamiento público, una carga al erario que no erradica esas prácticas que dañan la democracia mexicana.
Eliminar el financiamiento público a los partidos políticos es lo más razonable.
Quiénes están en contra de quitar ese financiamiento argumentan que con ello se atentaría contra la democracia, porque se orillaría a los partidos políticos a privatizarse en busca de dinero.
Quitar el financiamiento público no va a causar ningún daño que no esté sufriendo ya la democracia en México.
La Reforma Energética es una prueba fehaciente de que la clase política responde a los intereses del capital, a la oligarquía, al uno por ciento de la población mexicana y a las grandes transnacionales que ya operan en México.
Esas insultantes cantidades de dinero destinadas a partidos políticos alcanzarían para la reconstrucción y para abatir la desigualdad social, la pobreza y hambre que sufren millones de mexicanos.
Que los partidos y los candidatos contraigan compromisos, no es una posibilidad, ya pasa, y el pueblo mexicano tiene en su voto la posibilidad de contrarrestar la influencia del dinero en una elección.
Si el pueblo es capaz de salir en apoyo a un mexicano en desgracia, aún arriesgando su propia vida, por supuesto que tiene la capacidad de saber elegir a sus gobernantes.
Es ahí, donde toma su importancia la participación ciudadana en los asuntos torales del país, pues es el pueblo quién puede cambiar el sistema electoral en México.
Para que las elecciones dejen de basarse en el dinero, en la compra del voto, en el fraude electoral y comience a elegirse a los gobernantes por su capacidad, la sociedad civil debe ejercer su derecho al voto.
Llegó la hora de la ciudadanización de las elecciones, de ejercer un voto razonado; así como lo hizo en las redes sociales, exigiendo que el dinero destinado a los partidos políticos se destine a la reconstrucción, así se debe acudir a las urnas.
Sólo ejerciendo el derecho al voto, el pueblo puede quitarle el poder a los políticos y a la oligarquía de decidir quiénes van a gobernar.
Es tiempo de actuar responsablemente y el pueblo mexicano lo tiene claro y si los políticos no lo asumen así, estarían cavando su propia tumba. Hasta la próxima entrega.

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