PIDEN LA RENUNCIA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES

Carlos Hernández Chablé

A pocos días de que los 7 consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), decidieron aumentarse de 60 mil a 93 mil pesos mensuales, causó reacciones en todos los sectores de la población tabasqueña, en las redes sociales, en las calles, en las oficinas y hasta en el Congreso de Tabasco, algunos legisladores se sumaron a las voces en contra de esa "inmoral acción", como lo calificó el parlamentario, Rafael Acosta León, quien además advirtió que el Poder Legislativo, podría intervenir a petición de terceros y hacer no solo una sanción administrativa, sino hasta penal, aclaró el diputado. Vale señalar que uno de ellos, David Cuba Herrera, presentó públicamente el pasado día 12 de marzo, su inconformidad de cobrar ese alto sueldo, se retractó y pidió en oficialía de partes que él cobrara su anterior sueldo de un poco más de 60 mil pesos y lo percibido demás lo regresara al área encargada de pagar en ese órgano electoral.maday merino damian
En ese mismo rubro,  abogados se han manifestado y con fundamento en artículos señalan que esa acción está fuera de toda proporción y citan lo siguiente:

LOS CONSEJEROS SE COALIGARON PARA VIOLAR LA CONSTITUCIÓN LOCAL
El Código Penal de Tabasco describe en el artículo 237 la COALICIÓN como delito contra el erario y el servicio públicos: "Se impondrá de dos a siete años de prisión y multa de cien a doscientos días de multa, a los servidores públicos que se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento y disposición de carácter general, para evitar su ejecución o impedir o suspender la administración publica en cualquiera de sus ramas". Este dispositivo penal se configura en el caso del incremento indebido, desproporcionado e inconstitucional que se autorizaron, y perciben desde el año pasado, todos los consejeros electorales del IEPCT.
Esto es así, porque el apartado C, fracción III, del artículo 9° de la Constitución Política local establece que "La retribución económica que perciban los Consejeros electorales, incluyendo la de su Presidente, no será superior en ningún caso, a la que perciban los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia". En este contexto no hay antinomia alguna, como han argumentado consejeros y funcionarios del IEPCT, entre este dispositivo (el art. 9) con lo establecido en la fracción II del artículo 75 de la propia carta local que a la letra dice: "Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida en el presupuesto de egresos que corresponda, para el Presidente de la Republica y para el Gobernador del Estado, respectivamente;" Y es que mientras esta disposición (art. 75) es de carácter genérico para toda la burocracia estatal, aquella (la del art. 9) es una prohibición exclusiva para quienes desempeñan la función electoral.
No hay contradicción sino por el contrario son dispositivos complementarios que fijan un tope salarial específico. Al margen de la indudable voracidad de los consejeros -sin excepción alguna- estamos ante un hecho tangible: desde el año pasado los consejeros incurren en una conducta antisocial: se coaligaron y beneficiaron ellos, y los que han tenido conocimiento del aumento, para rebasar el límite salarial constitucionalmente establecido y que es la percepción de los magistrados numerarios del Poder Judicial.
Las recientes declaraciones de la Diputada Ana Bertha Vidal involucran en la planeación de éste al poder Ejecutivo. Ciertamente los consejeros confían en el fuero que actualmente los protege (art. 69) empero no deben olvidar la suerte de algunos de sus antecesores que hoy son internos del CRESET. Es decir, la inmunidad procesal fenece con el cargo e inclusive, eventualmente antes, en virtud de una declaración de procedencia o de un juicio político. En este contexto, y siendo como es que este delito es perseguible de oficio, pero, dudando que la Fiscalía del Estado atienda esta obligación, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del numeral 112 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, en los próximos días presentaremos una denuncia ante la instancia competente para aportar y comprobar los elementos del tipo penal y marcar con toda puntualidad que no hay lugar para la hipotética prescripción del ejercicio de la acción penal; pero, sobre todo, para mantener vivo en la opinión publica este caso que indigna a todos los tabasqueños y que por tratarse de una actitud delictiva que afrenta el orden constitucional de régimen interno no debe quedar impune.
Atentamente: Lic. Pedro García Falcón/Lic. Javier Martínez Ramos/Dr. José Luis Morales Rivera/ Sergio Antonio Reyes Ramos"

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