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DENUNCIAN A JOSÉ A. DE LA VEGA Y AGUSTÍN SILVA ANTE EL INE Y EL IEPC

Tanto José Antonio de la Vega, delfín del Gobernador Arturo Núñez Giménez, como Agustín Silva Vidal uno de sus compadres preferidos, son acusados en la Averiguación Previa AP-543/2015 de usurpación de funciones, falsificación de documentos duplicidad de documentos, abuso de autoridad, concusión, ejercicio abusivo de funciones, asociación delictuosa y coparticipación. La mencionada denuncia por daño patrimonial a la Sociedad Cooperativa de Transporte Urbano y Suburbano S.C.L. de C.V., es por 20 millones de pesos, incluyen también a Vicente Cuba Herrera y al Licenciado Guillermo Guzmán Mayo y desde juego a la C. María Esther Rodríguez Manuel, pues a Jorge Antonio Vélez Altamirano le fueron arrebatados sus derechos como concesionario obtenidos desde 1996: “Nos gobierna una bola de ratas, no un Gobierno de Cambio”, acusan.

Ismael García Ruiz

En una más de las pillerías característica del Gobierno del Cambio, humildes ciudadanos son arrollados por el poder de deshonestos de los titulares del gabinete del gobernador economista.
Resulta que el ciudadano Jorge Antonio Vélez Altamirano denunció ante el INE y el IEPCT a José Antonio de la Vega Asmitia, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y a Agustín Silva Vidal, Secretario de Transporte en el Estado para que “no permitan la inscripción a ninguna candidatura a los mencionados funcionarios del Gobierno del Cambio, ni siquiera para plurinominales”.
Los delitos de que son acusados los mencionados José Antonio de la Vega delfín del Gobernador Arturo Núñez Giménez, así como a Agustín Silva Vidal uno de sus compadres preferidos, en la Averiguación Previa AP-543/2015 son usurpación de funciones, falsificación de documentos duplicidad de documentos, abuso de autoridad, concusión, ejercicio abusivo de funciones, asociación delictuosa y coparticipación. ejemplo de corrupción en Tabasco y Núñez
En la mencionada denuncia por daño patrimonial a la Sociedad Cooperativa de Transporte Urbano y Suburbano S.C.L. de C.V., por 20 millones de pesos, se incluye también a Vicente Cuba Herrera y al licenciado Guillermo Guzmán Mayo y desde juego a la C. María Esther Rodríguez Manuel, pues le fueron arrebatados sus derechos como concesionario obtenidos desde 1996.
La cuestión es que Agustín Silva y José Antonio de la Vega Asmitia están demandados por delincuencia organizada desde el 2015, ya que siendo José Antonio Pablo de la Vega Asmitia titular de la SCT, sedespojó de su ruta, la 57 Huapinol-Parrilla a la Sociedad Cooperativa de Transporte, misma que hasta la presente fecha usufructúa la señora María Esther Rodríguez Manuel.
Aclara el demandante que de igual manera el actual titular “C.P” Agustín Silva así como Vicente Cuba Herrera y el “Lic.” Guillermo Guzmán Mayo, han saqueado dicha institución, para enriquecer sus bolsas personales con el dinero del pueblo cometiendo los delitos de que acusa a los mencionados funcionarios públicos, tales como falsificar documentos, duplicidad de documentos, y hacer tramites con documentos falsos que ellos mismos hicieron y mandaron hacer, para beneficiar a ciertas personas.

EL INICIO DE LA RAPIÑA
En este punto, es conveniente señalar que el demandante ha ganado un juicio administrativo a la Secretaria de Transporte con número de expediente 600/2012 donde fueron sentenciados a la reposición legal de la Sociedad Cooperativa que preside el ofendido Jorge Antonio Vélez Altamirano.
El mismo César Marín Rodríguez, que es el Jurídico de Transporte le dio la representación el 25 de febrero de 2016, no obstante ello, se la vuelve a negar para hacer los trámites necesarios para poner en orden la documentación de dicha cooperativa y de manera gansteril ponen a la señora María Esther RodríguezManuel a hacer un juicio civil en contra del demandante, ese juicio civil está en el juzgado civil 309/2014, que dio sentencia 30 de junio de 2016, donde dice que la mencionada señora María Esther no tiene legitimidad activa de la empresa y que los documentos que presentó en juicio son ilegales, inexistentemente apócrifos y dice también la juez del juzgado civil indicado que el señor Jorge Antonio sigue siendo el presidente de la Cooperativa hasta la fecha presente.
Sin embargo, instada por los ya mencionados funcionarios la señora María Esther se va al recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia y vuelve a Caer la sentencia el 19 de abril del 2017 donde dice el magistrado Leonel CáceresHernández que la señora no tiene legitimidad activa, que sus documentos son falsos y confirma la sentencia del 30 de junio de 2016.
Pese a lo anterior, la Secretaría de Transporte a quien de manera personal en ventanilla de recepción de documentos entregó esos originales no le responde “negándose de esta manera a darle la representación legal hasta el día de hoy”.
Estando el demandante en platón frente a la Secretaría de Transporte lo más que ocurrió fue que en un momento dado salió el Jurídico de Transporte, César Ángel Marín Rodríguez diciendo que no tienen conocimiento de esos hechos cuando hay escritos que personalmente se los he presentado en ventanilla, se queja don Jorge Antonio Vélez, en donde se los han firmado de recibido y dicen que no hay ningún documento.

LOS DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS
Reiteramos que la demanda en donde se plasman todos estos hechos de complicidad es la AP-543/ 2015.
Asociación delictuosa: cuando tres o más personas integren una asociación formal o informal con la finalidad de cometer delitos, de manera permanente o transitoria. En estos casos se aplicara además de la acción penal la destitución e inhabilitación para obtener otro cargo, empleo o comisión hasta por diez años.
Pandilla: Cuando en la realización de un delito participan, en común, tres o más personas, sin que estén organizadas con fines delictivos.
Abuso de Autoridad: De entre nueve considerandos se retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud.
Concusión: Cuando el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, salario o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero valores, servicios o cualquiera otra cosa indebida o en mayor cantidad que la señala por la Ley.
Ejercicio abusivo de funciones: Cuando el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectué compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
En cuanto a falsificaciónde documentos se aplica todos los considerandos del artículo 321.
Pero resulta, que al darle parte de forma oficiosa este incidente criminal ante el Fiscal del ministerio público investigador adscrito a la Quinta Agencia Investigadora, “el Fiscal, Fernando Valenzuela Pernas les brinda su protección, pues hasta este momento no se ha hecho nada”, acusa.

FUNCIONARIOS SE ESCUDAN EN EL FUERO
“Por ese motivo es que de manera pública, se hace esta denuncia para que la ciudadanía sepa qué clase de autoridades se tiene bajo el Gobierno del Cambio, pues no se debe permitir que delincuentes se escuden en el fuero para seguir cometiendo sus fechorías libremente por las calles”.
“No es posible que las cárceles estén llenas de inocentes y estos delincuentes que roban y saquean al Estado sigan caminando sin que la ley les haga nada, reitera.
Tan es así que hasta la fiscalía los protege, para que no sean citados, por ello Agustín Silva ya metió a toda su familia a la política para protegerlos porque son sus presta nombres para saquear todo lo que se refiera a transportes.
“Ojalá la ciudadanía se de cuenta que nos gobiernan un bola de ratas”, acusa Julián Roque Alonso, abogado defensor del despojado Jorge Antonio Vélez Altamirano.

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