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Anulación de derechos en Ciudad de México, Chiapas y también en Tabasco

Ferdusi Bastar Mérito

En la Ciudad de México, es el nombre oficial de esta entidad federativa, y en el Estado de Chiapas, están en marcha procesos legislativos cancelando  derechos ya establecidos constitucionalmente, y contraviniendo compromisos derivados de diversas convenciones, que obligan al país, y que prohíben la regresividad de derechos ya establecidos, y que por tanto se tiene la obligación de mantener.
Dado que estos compromisos internacionales están integrados a nuestra Constitución en su Artículo Primero que además establece  la regla  de que en toda controversia se estará al principio “pro persona”, es decir, que en materia de derechos humanos se favorecerá siempre la mayor protección a las personas. Estas afectaciones a los derechos establecidos darán lugar indudablemente a que los afectados puedan interponer exitosamente  los recursos de amparo correspondientes.
Las dos entidades  federativas, pioneras en el establecimiento de derechos sociales, están dando marcha atrás alegando duplicidad con programas federales y liberación de recursos para aplicar a otros programas de desarrollo,  argumentos carentes de sustento legal, dada la universalidad de estos derechos, que no limitan esta duplicidad, y la franca prohibición a la regresividad establecida en los compromisos en  convenciones internacionales firmadas por México y por tanto integradas al Artículo Primero de la Constitución federal.
En la Ciudad de México se están limitando los apoyos a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad hasta el  mes de marzo, ya que aparentemente a partir del mes de abril la federación otorgará apoyos similares. En el caso de Chiapas, esta supresión va más allá ya que se trata de modificar la Constitución local  expresando que estas personas no tienen derecho a recibir estos apoyos.
Los gobiernos de Ciudad de México y Chiapas transfieren sus padrones a la Federación para que esta  los aplique en sus nuevos programas, sin embargo, adicionalmente los beneficiarios tendrán problemas por los diferentes tipos de edades de estos, ya que en el caso de Chiapas, su Constitución marca partir de los 64 años, y los federales a partir de 68 años.
Los beneficios que se están cancelando son universales, es decir, para todos y sin limitaciones y están plasmados en las Constituciones locales de estas dos entidades federativas, por lo que su anulación representa una regresión con la que México incumple sus compromisos internacionales y viola su propia Constitución.
Dado el carácter de universal de estos apoyos, no existe impedimento legal alguno para que los reciban de la federación y de las administraciones locales, y su anulación viola los mandatos expresos de las Constituciones de Chiapas y Ciudad de México y contravienen disposiciones constitucionales y convencionales que prohíben tomar medidas legislativas o administrativas que menos caben los derechos de las personas y viole el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos humanos.
Algo parecido vivimos en Tabasco, donde se han cancelado algunos programas violando también estos principios de progresividad y prohibición de regresividad en los derechos humanos. ¿ Y las flamantes Comisiones de Derechos Humanos, nacional y locales qué dicen?

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